China afirma haber detenido a casi 13.000 terroristas en la región de Xinjiang desde 2014

EFE

Mezquita en Xianjing

El Gobierno chino afirmó hoy que ha detenido a 12.995 terroristas desde 2014 en la conflictiva región noroccidental de Xinjiang, donde organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian que cerca de un millón de musulmanes se encuentran recluidos en campos de internamiento, cuya existencia reconoce el China bajo la denominación de «centros de reeducación».

El Consejo de Estado (Ejecutivo) publicó hoy un libro blanco titulado ‘La lucha contra el terrorismo y el extremismo y la protección de los derechos humanos en Xinjiang’, en el que apunta que en este último lustro «se han desarticulado 1.588 grupos violentos y terroristas e incautado 2.052 artefactos explosivos».

Asimismo, «se ha castigado a 30.645 personas por 4.858 actividades religiosas ilegales, y confiscado 345.229 copias de material religioso ilegal».

«Estadísticas incompletas muestran que, desde 1990 hasta el final de 2016, las fuerzas separatistas, terroristas y extremistas han lanzado miles de ataques terroristas en Xinjiang, matando a un alto número de personas inocentes y a cientos de agentes de la Policía, causando también daños incalculables a las propiedades», indica.

En el documento, citado por la agencia de noticias oficial Xinhua, Pekín defiende que sus actuaciones se llevan a cabo «con arreglo a la ley» para «atacar todo tipo de actividades violentas y terroristas que infringen los derechos humanos, ponen en peligro la seguridad pública, menoscaban la unidad étnica y dividen al país».

No obstante, el Ejecutivo chino asevera que «protege y respeta plenamente los derechos civiles, incluida la libertad de creencia religiosa», y que sus acciones están dirigidas «a evitar que se extienda el extremismo y se incite al odio étnico (…) mediante la religión». «Eso no es islam«, sentencia.

El libro blanco agrega que China ha dado «la más alta prioridad» a las medidas preventivas contra un terrorismo «inhumano, antisocial y bárbaro» que «ha traído un enorme sufrimiento a todos los grupos étnicos de la región».

«Durante mucho tiempo, las fuerzas terroristas y extremistas han hecho de altavoz para las actividades separatistas al distorsionar, inventar y falsificar la historia de Xinjiang, exagerar las diferencias culturales entre grupos étnicos, instigar el aislamiento y el odio y promoviendo el extremismo religioso», apunta.

Respecto del secesionismo, China acusa a «fuerzas extranjeras ‘antichinas'» de colaborar, desde la década de 1990, para proclamar la independencia del ‘Turquestán Oriental’ «a través de la yihad».

«Es indiscutible que Xinjiang es una parte inseparable del territorio chino. Las culturas étnicas de Xinjiang son una parte inseparable de la civilización china», indica, antes de explicar que los uigures, la etnia más populosa de la región, «nacieron de un largo proceso migratorio y de integración étnica».

«No son descendientes de los (pueblos) túrquicos», sostiene el texto.

Según informes de organizaciones internacionales de lucha por los derechos humanos, durante los últimos años el Gobierno chino ha confinado en campos de «reeducación» a cerca de un millón de personas en Xinjiang, donde se encuentran asentadas las minorías chinas de confesión musulmana, entre las que la de los uigures es la más numerosa.

Human Rights Watch denuncia que las detenciones se han multiplicado desde que en 2016 el Secretario del Partido en Tibet, Chen Quanguo,  se trasladó a la región de Xinjiang. Desde entonces, se han implementado controles sobre la vida diaria de Uigures, Kazajos y otras etnias musulmanas; de acuerdo a la ONG, se aplican sanciones por el mero hecho de tener contacto con países musulmanes cercanos (en concreto con aquellos pertenecientes a la lista oficial de los «26 paises sensibles» que incluyen Turquía o Malasia), utilizar canales de comunicación como Whatsapp, o cualquier práctica pública del Islam.

Amnistía Internacional, igualmente, denuncia en su informe sobre la situación en la región de 2018 la frecuente comisión de torturas, extorsión, detenciones arbitrarias y desapariciones por parte de las fuerzas gubernamentales. También el mismo informe denuncia la aplicación de sistemas de vigilancia de alta tecnología, que incluyen cámaras con reconocimiento facial y dispositivos de seguimiento a través del Big Data.

Al parecer, el Gobierno Chino incluso aplica normativas destinadas a combatir las «muestras de extremismo religioso», según las cuales conductas como dejarse crecer la barba, llevar velo o hiyab en el caso de las mujeres, abstenerse del consumo de alcohol o poseer copias de los textos religiosos son susceptibles de ser consideradas «radicales» y pueden ser motivo de internamiento forzoso.

Mientras tanto, China afirma que estos campos, cuya existencia inicialmente trascendió no por información pública sino por la reconstrucción de imágenes satelitales y testimonios de víctimas, son en realidad «centros vocacionales» donde «se aprenden habilidades acordes con las necesidades laborales» que serán útiles a los internos.